Las sociedades contemporáneas envejecen (United Nations, 2019) y con ellas lo hacen sus democracias (Goerres, 2017). Mientras los ciudadanos de estas democracias van envejeciendo, su participación política institucional (mediante el ejercicio del derecho al sufragio activo) no disminuye (CIS 2017), mientras que su interés por la política según manifiestan es escaso frente a otros grupos etarios (CIS 2016).
Esta situación se vincula con las transformaciones del espacio público que definido estructuralmente por Habermas (1998) como la esfera pública intersticial entre lo público y lo privado, como una zona cívica orientada hacia los problemas políticos y la vida pública pero libre del control directo del Estado oficial y de sus mecanismos coercitivos. Este espacio público se ha transformado convirtiéndose en una zona donde dichos ámbitos intersticiales entre lo público y lo público, o más aún, de fusión entre ellos, se concreta en las nuevas realidades sociales digitales, especialmente las redes sociales, donde circula gran parte de la discusión política actual (Lee, 2018) (Baarda, 2019) (Van Dijk & Hacker, 2018) (Holmes & McNeal, 2018).
El acceso por tanto a la discusión política y a las informaciones que la nutren y que se derivan de ellas es esencial en una democracia, pues como indica Dahl (1999) una de las instituciones políticas esenciales en una democracia es la existencia de fuentes alternativa de información y la posibilidad de acceder a ellas.
La protección de dicho acceso a la información se ha configurado históricamente a través de la facultad de recibir información incluido como derecho de forma pionera en el artículo 19 de la DUDH de 1948, y consolidado en otras declaraciones de derechos (CEDH y LF de 1950 -art. 10-; PIDCyP -art.19-; Pacto de San José de 1969 -art. 13-; o CDFUE de 2000/2007 -art. 11-) (Abad, 2020).
Ante estas nuevas realidades (un envejecimiento demográfico que sitúa a una importante parte de la sociedad al margen del acceso a la información, dentro de ella la de carácter político, y que circula principalmente en el nuevo espacio público digital caracterizado por la omnipresencia de las redes sociales), se hace imprescindible una reflexión sobre la nueva forma de disfunción informativa que supone la limitación del derecho fundamental a recibir información de una parte significativa de la sociedad. Pues como indica Matsuura (2009) “la libertad de prensa y el acceso a la información contribuyen al objetivo de desarrollar de forma más amplia la capacitación de las personas, poniendo a su disposición la información que les permita tomar el control de su propio destino, posibilitando a los ciudadanos la participación en el debate público y fortaleciendo la democracia participativa”.
En el presente trabajo, se pretenden aportar diversas propuestas para el tránsito del criterio formal de la facultad de recibir información a su carácter material y de esta forma garantizar los derechos de participación política institucionalizada y no institucionalizada que tienen su fundamento el dicho derecho.